acoso universitario

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    Una de cada diez alumnas/os de la facultad de filosofía y educación del plantel  ha sido víctima de acoso.

    El Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC Chile) participó en la entrega de los resultados de la primera encuesta sobre Acoso Sexual en la Universidad que realizó la Coordinadora de Género y Sexualidad  (CEGESEX) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), junto al Centro de Prevención y Atención Reparatoria a Mujeres Sobrevivientes de Violencia Sexual de Valparaíso (CVS).

    La encuesta se aplicó en 2015 en la Facultad de Filosofía y Educación de dicha Universidad y tuvo por objeto visibilizar las prácticas de violencia sexual dentro del ámbito universitario actual, como también conocer lo que los y las estudiantes de la facultad saben acerca de este tipo de violencia.

    En la presentación de la encuesta partició la Directora del Área de Estudios de OCAC Chile, María José Guerrero, quien sostuvo que “urge crear un protocolo que dé cuenta de estos fenómenos porque lamentablemente, las universidades regulan el acoso entre funcionarios o académicos a través de normativas laborales, pero no cuando ocurre entre estudiantes”.

    Cabe destacar que la encuesta arrojó que de 451 alumnos y alumnas encuestados de la Facultad de Filosofía y Educación de la PUCV, más del 10% sufrió violencia sexual en contextos universitarios. El 75% de éstos ocurrió entre estudiantes de la facultad, donde las mujeres fueron las principales víctimas.

    En cuanto a los casos de acoso en diversas universidades del país, Guerrero dijo que “ha sido una bomba de tiempo que empezó a explotar de a poco. Lamentablemente, nosotras somos pares hasta que nos atraviesa el género. Somos mujeres con posibilidad de ser víctimas y nuestros compañeros, hombres con posibilidad de ser victimarios. No podemos seguir haciendo la vista gorda”, afirmó.

    Camila Bustamante, socióloga experta en acoso sexual en espacios universitarios y parte de OCAC Chile, comenta que “es un fenómeno que ocurre, probablemente, desde que las mujeres ingresaron a estos espacios educativos. Sin embargo, solo en el último tiempo se ha visibilizado como un problema real, debido a que las víctimas, cansadas de la incapacidad de las instituciones de hacerse cargo y sancionar a los acosadores, han hecho públicas sus denuncias”.

    Como plantea Guerrero, uno de los grandes problemas es que las normativas de acoso sexual se circunscriben a los espacios laborales, por lo que sólo abordan los vínculos entre trabajadores/as y de trabajadores/as a estudiantes. Sin embargo, el acoso sexual entre estudiantes de una misma casa de estudios queda absolutamente desregulado.

    En ese sentido, Bustamante afirma que “es necesario contar con leyes que se basen en una concepción amplia de violencia de género que, además de la violencia intrafamiliar y el femicidio, contemplen otros fenómenos como el acoso sexual en espacios educativos y públicos, la violencia obstétrica y el sexismo en los medios”.

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      Estudié una carrera de las ciencias sociales en una facultad de esas que se llaman a sí mismas con conciencia social, progresista, revolucionaria a veces. Ahí no había cosas que pasan en otras facultades, como tener compañeros que defienden la dictadura, autoridades fascistoides o profesores que acosan a sus alumnas, aunque sí conocí casos de renombrados académicos que ninguneaban a compañeras por ser mujeres, sexismo puro.

      Pero nunca supe de hechos de acoso sexual, después de todo, me imagino que el progresismo y el alto nivel de feminización de mi facultad deben haber surtido algún efecto disuasivo en cualquier potencial acosador sexual.

      Hace dos años trabajo en una organización que lucha contra el acoso callejero y este año comencé a investigar sobre el acoso sexual en mi universidad. Me sorprendí cuando me di cuenta que sucede lo mismo que al hablar de acoso callejero: todas lo han sufrido o conocen a alguien que ha sido víctima.

      Escuché historias como la de un académico que le preguntó a una estudiante, cuando no había nadie más cerca, si a ella le gustaba jugar al emboque. Escuché también que cuando ella manifestó su indignación por el comentario, él le recordó quién ponía las notas.

      Escuché sobre un médico que quiso explicarle a una interna de medicina dónde estaban las piernas dando una palmada en su trasero: “aquí comienza la pierna, y termina acá, en el tobillo”, le explicó usando innecesariamente las manos.

      Escuché sobre un ayudante de laboratorio de química que se las arreglaba para tocar los pechos de una de sus compañeras, cuando se quedaban solos a limpiar matraces. Sobre una estudiante de intercambio que fue violada por su profesor al salir de un carrete universitario, hace no mucho tiempo.

      Escuché decenas y quizá cientos de testimonios de acoso sexual, desde la mirada lasciva o el comentario insinuante, hasta la forma más terrible de atentar contra la dignidad de una persona: la violación. Y todo esto ocurrió en una universidad, un ambiente que se supone protegido. En un espacio que, según nos enseñan desde el comienzo, es el templo de la razón, la igualdad, el pluralismo, la fraternidad, el respeto, la ética y la conciencia social.

      Lamentablemente, las lógicas de poder entre estudiantes y profesores, y en las jerarquías académicas en una universidad, hacen que la denuncia sea el último recurso. Lo más común es ignorar lo sucedido, aunque tenga consecuencias en el rendimiento de la víctima y ponga en juego su formación. Esto sucede porque, considerando cómo funcionan los sistemas reglamentarios dentro de las universidades, la denuncia muy pocas veces es garantía para la víctima. Si el agresor es académico o directivo, es muy probable que sea protegido, que el caso no llegue a nada o se le pida a ella tomar un camino alternativo, como cambiar de ramo o de horarios.

      También es común que, cuando la víctima logra convencerse de que su miedo, molestia o incomodidad no son una exageración, bote el ramo o abandone la carrera, porque prefiere perder ese espacio en lugar de arriesgarse a amenazas, represalias o la vergüenza, que pueden afectar su trayectoria educativa o su carrera profesional.

      El acoso sexual en ambientes educativos constituye una forma de violencia de género muy grave, porque es otra expresión de la violencia sexual enquistada en esta sociedad, porque atenta contra la dignidad, la salud mental y el cuerpo de las personas, y también, porque niega a quienes han sido víctimas el acceso libre y protegido a la educación, derecho humano primordial.