– Vengo a dejar una denuncia por acoso sexual callejero.
– ¿Cómo es eso?
– Un hombre me dijo algo muy grosero, que me violentó.
– ¿Qué le dijo?
– Me da mucha vergüenza repetirlo.
– Dígame qué le dijo.
– “Le llenaría el choro de moco”.
– Ya, espéreme aquí.
Hice el ejercicio de denunciar una manifestación “no física” de acoso sexual callejero: la agresión verbal que según la primera encuesta sobre el fenómeno realizada por el Observatorio Contra el Acoso Callejero, ha sido sufrida por un 72% de las consultadas.
Mi visita a la comisaría tuvo distintas paradas. La primera con la carabinera que me recibió, a quien tuve que reproducirle la vergonzosa frase que un desconocido me dijo al oído. Luego, entré a otra habitación, donde dos carabineros me informaron que no podían tomarme la denuncia, por tres razones: porque lo que me sucedió no era delito, porque no tenía el nombre de quien me había violentado y porque sólo se tomaban denuncias por acciones como exhibicionismo o intentos de violación.
Entonces constaté algo que en el OCAC Chile, ya hemos manifestado: las víctimas de agresiones verbales y tocaciones anónimas, no encuentran espacios de denuncia, y estas acciones tienden a ser minimizadas. Decidí insistir y pregunté: ¿cómo se denuncia un robo, si tampoco se conoce la identidad del ladrón? Respuesta recibida: porque eso, en la ley, sí es delito. Para la otra tómele el nombre a la persona. El comentario me colapsó y aclaré de inmediato: ¿usted cree que después de escuchar una frase de ese calibre me voy a acercar a conversar? Los policías me miraron en silencio, dándome la razón.
Seguí insistiendo: ¿Qué hago? Necesito denunciar, dejar registro de lo ocurrido, porque esto pasó cerca de un colegio y quiero impedir, de alguna forma, que algo así o un hecho más grave le suceda a una escolar. Luego de varios minutos de insistencia, uno de los carabineros se puso de pie y me dijo “voy a ir a preguntar”. Esperé un largo rato y me hicieron pasar a una nueva habitación, en la que me atendió otro policía. Me dijo, le vamos a recibir la denuncia, por otros hechos, porque no tengo otra forma de hacerlo. Le voy a tomar declaración de todo lo que pasó y esto se va a ir a la Fiscalía, ¿de acuerdo? De acuerdo, le respondí, y le di las gracias. No se preocupe, aquí estamos para ayudar, me aseguró.
Nunca un carabinero había sido tan amable conmigo, lo que también me hizo reflexionar respecto de la arbitrariedad de estas instancias. Cuando hablamos de violencia en los espacios públicos, no podemos descansar en la buena voluntad y en el criterio personal, es necesario tipificar el acoso sexual callejero para que las autoridades sepan cómo responder ante estas faltas. Asimismo, al encasillar las agresiones como “otros hechos”, no se generan reparaciones específicas para estas vulneraciones sexuales.
El carabinero me pidió mi carné, que escribiera la declaración en una hoja y una serie de detalles, como la hora en que todo había ocurrido y una descripción física del agresor. Luego, me mostró la declaración que debía firmar. La leí y sólo le pedí que cambiara una cosa. En el final, había escrito “frase que la hizo sentir vulnerada en su condición de mujer”, le pedí que reemplazara mujer por persona. Ahí también constaté una mitificación: se cree que el acoso sexual callejero nos vulnera como mujeres, cuando realmente nos vulnera en nuestros derechos humanos. No exigimos respeto por ser mujeres, no pretendemos caer en ensoñaciones machistas como “a las mujeres no se les pega” o “respétame, podría ser tu madre”. A ninguna persona se la golpea y todas merecemos respeto como pares. Esta cruzada es por el disfrute del espacio público en igualdad de condiciones, no una reivindicación moral desde nuestra esencia femenina.
Con ese pequeño cambio, firmé la denuncia y abandoné la comisaría, concluyendo cuatro puntos importantes:
Uno: necesitamos una ley que tipifique las manifestaciones más graves de acoso callejero, algunas de ellas ya consideradas por la policía como denunciables, como el exhibicionismo y la masturbación. Una ley contra el abuso sexual en espacios públicos facilitaría la denuncia de estas acciones y agregaría otras manifestaciones graves, como las tocaciones, el roce de genitales, la masturbación con y sin eyaculación, y los “piropos” agresivos, como el que yo recibí.
Dos: estas acciones no pueden caer en el mismo saco de “otros hechos”, debe existir una ley para que las víctimas entreguen su testimonio y reciban una reparación social por sus vulneraciones; a la vez que sirva de ayuda y alerta para prevenir otros ataques.
Tres: las sanciones por acoso sexual callejero deben ser acordes a la magnitud del delito. Nadie debería pasar por un calabozo por “piropear” de forma grosera, pero sí debería recibir una pena por masturbarse sobre una adolescente y eyacular sobre ella. Casos que hoy ocurren y cuya fuente es el relato de las propias víctimas.
Cuatro: muchas veces, las víctimas no denuncian por vergüenza o porque piensan que no serán escuchadas, o serán culpadas por lo que les sucedió. Hemos recibido testimonios que así lo confirman. Personas que, frente a la autoridad, escucharon frases como, “¿y por qué andaba sola?”, “¿por qué salió tan tarde?”. En ese sentido, el beneficio de una ley contra el acoso callejero radica en el poder que otorga a las víctimas, para hacer valer su derecho a la libre circulación y exigir el resguardo de la privacidad de sus cuerpos y su integridad sexual.
En mi experiencia, la denuncia fue considerada porque insistí, porque destiné varios minutos de mi tiempo para asegurarme de que lo que me sucedió no quedaría impune. Afortunadamente, los policías no se mofaron de mí y realmente intentaron ayudarme. Pero, insisto, no podemos confiar en el azar y el criterio particular. Chile necesita una ley contra el acoso sexual callejero, para que en el futuro, cuando una mujer, adolescente o niña denuncie una vulneración sexual, nunca más le pregunten, “¿acoso callejero? ¿Cómo es eso?”.
*Columna escrita por Arelis Uribe originalmente en El Quinto Poder.
