Amparo

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    La medida exige que en los establecimientos de educación secundaria se enseñen las ‘‘diferentes formas de acoso sexual y violencia’’, y se incluyan clases sobre el concepto de consentimiento sexual.

    La iniciativa SB695 se encuentra en espera de la firma del gobernador de California, para que esta se convierta en ley en los próximos días.

    Hace unos días el medio The Guardian, publicó una artículo sobre la nueva ley ‘‘sí significa sí’’, que regula las conductas sexuales en las universidades que reciben fondos públicos de California al momento de investigar denuncias sobre agresiones sexuales, ya que exige que en las relaciones íntimas de los estudiantes haya un consentimiento explícito de las partes. La propagación de esta ley, impulsada por el senador demócrata Kevin De León, no sólo afectó a otras universidades de EE.UU., sino que además, a partir del próximo año, California establecerá una nueva medida en la que se encuentra el concepto de “consentimiento afirmativo” en el curriculum de las escuelas secundarias. La legislación exigirá que estas escuelas posean un componente relativo a la salud reproductiva que consista en enseñar el concepto de “consentimiento afirmativo”, antes de involucrarse en una actividad sexual, como también las ‘‘diferentes formas de acoso sexual y violencia’’.

    La nueva iniciativa de California autoriza solamente a los educadores de las escuelas secundarias para que aborden el concepto de ‘‘sí significa sí’’ con los estudiantes, pero no exige que este se aplique en un delito de agresión sexual. Sin embargo, esta introducción puede ayudar a generar conciencia sobre las expectativas y consecuencias relacionadas con la falta de consentimiento afirmativo antes de ingresar a los establecimientos de educación superior, ya que la infracción de estas políticas puede llevar a la expulsión del establecimiento.

    Una de cada cinco universitarias ha sufrido algún tipo de agresión física, sexual o amenazas de violencia física durante su educación, según la ‘‘Asociation of Title IX Administrators’’ (‘‘Asociación de administradores del Título IX’’ o ATIXA por sus siglas en inglés). Los educadores señalan que esta realidad hace que sea esencial enseñar a los jóvenes la idea de ‘‘sí significa sí’’ antes de que ingresen a las instituciones de educación superior.

    Emilie Mitchell, una profesora ayudante de psicología que enseña sexualidad en el distrito de la Universidad de Los Rios Community, afirma que la mayoría de las universidades con políticas de consentimiento afirmativo exigen que los estudiantes se sometan a una orientación sobre conductas sexuales cuando ellos comienzan la escuela, que por lo general es cuando se exponen por primera vez a esta noción. ‘‘Incluso en el caso de la infancia existen maneras de explicar los límites en relación con el cuerpo y con el comportamiento de una persona, que son la base del consentimiento afirmativo. Tienes el derecho de decir: ‘no me gusta lo que estás haciendo y quiero que te detengas’. Alguien no toma la mochila de otro o se sienta en su puesto sin su permiso, esto no tiene nada que ver con sexo, pero aun así es la base del consentimiento afirmativo’’.

    Según Jocelyn A. Lehrer, autora del libro ‘‘Violencia sexual y en el cortejo en estudiantes universitarios chilenos’’, en EE.UU., estos problemas en personas jóvenes empezaron a ser estudiados en la década de los 80. Los análisis de encuestas a estudiantes universitarios encontraron altas tasas de violencia en el cortejo (agresión física, sexual o psicológica que puede ocurrir en una cita casual o dentro de una relación romántica con más compromiso) y de violencia sexual (experiencias sexuales no deseadas que pueden ir desde un beso forzado a la violación). Gracias a estos datos es que se pudo identificar la violencia sexual y la violencia en el cortejo en gente joven, como un problema de salud pública que debía ser considerado por las autoridades.

    Sin embargo, en Chile este problema no ha recibido la misma atención. Los resultados de los análisis basados en la Encuesta de Bienestar Estudiantil del año 2005 muestran una alta prevalencia de ambas formas de violencia en esta muestra. El 26% de las alumnas reportó algún incidente físico de violencia en el cortejo y el 31% algún incidente de violencia sexual desde los 14 años. En la muestra de varones, las cifras fueron 38% y 20%, respectivamente.

    Carmen Andrade, directora de Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género en la Universidad de Chile, se refirió a la forma en la que se abordan las denuncias de agresión sexual: ‘‘Creo que hay que cambiar el sistema a nivel global, porque aquí estamos hablando de delitos y no puede haber protocolos que sean independientes de lo que existe en términos de cómo está tipificado el delito o sobre cómo se establecen las denuncias. Pienso que se requiere una modificación global que, entre otras cosas, dé pie para que los protocolos que operen en las universidades y colegios sean coherentes con esas definiciones legales. Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos una legislación sobre acoso sexual laboral, el delito está tipificado y establece sanciones. Sin embargo hay un procedimiento -tal como lo han dicho las propias trabajadoras de la Asociación Nacional de Funcionarios- que es muy ineficaz, en primer lugar porque se debe hacer una denuncia al superior jerárquico, el que instruye un sumario y el cual puede ser lento, engorroso, burocrático y muchas veces no da garantías a las víctimas de que se llegará a un resultado que proteja sus derechos. Finalmente tenemos una legislación pero no tenemos un procedimiento eficaz. Tú puedes hacer un procedimiento al interior de las universidades y los colegios, que estimo muy necesario, pero no basta con eso. Tienen que haber modificaciones en la ley general.’’

    Refiriéndose a la nueva ley que regirá en los establecimientos educacionales en California, “sí significa sí”, Andrade estima que: “Apunta a resolver un problema que nosotros como sociedad chilena también lo tenemos, en donde muchas veces se pone en duda los testimonios de las víctimas o se exige un tipo de comportamiento en el que se demuestre que pusieron en riesgo su integridad física para poder defenderse. De lo contrario, se supone que lo que se está diciendo no es verdad.  En ese sentido, creo que la exigencia de estándares es absolutamente inaceptable.’’

    Imagen: The Guardian

    Por: Alejandra Pizarro

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      Ella decidió interponer una demanda a través de los procedimientos de denuncias de la universidad, sin embargo, señaló que Oxford no investigó de manera apropiada o actuó en contra del presunto autor del crimen.

      Hace un par de días el medio informativo ”The Guardian” dio a conocer la historia de Elizabeth Ramey, una antigua estudiante de la Universidad Oxford que denunció a la universidad por negarse a realizar una investigación por violación y agresión sexual.

      Ramey, llevó a tribunales a la Universidad de Oxford demandado que era ilegal el enfoque de la universidad de negarse a realizar una investigación en estos casos, luego de informar de una presunta agresión en 2011, por lo que hubo una investigación policial. Sin embargo, no hubo un enjuiciamiento posterior debido a problemas relacionados con la evidencia. 

      Lamentablemente Ramey no logró cambiar las políticas de la Universidad debido a que la corte le negó el permiso para interponer un recurso judicial contra las políticas que según ella permiten que la casa de estudios evada la investigación de este tipo de acusaciones.

      El juez Edis indicó que Ramey, quien actualmente vive y trabaja en Estados Unidos, no había estado sujeta a las nuevas políticas y no había resultado ‘‘perjudicada por su aplicación’’, dictaminando que ‘’en consecuencia, carece de posición para interponer esta demanda’’. También añadió que le parecía ‘‘inapropiado’’ que a la demandante se le otorgara el permiso de interponer un recurso judicial para cuestionar no los términos de las políticas en sí, sino que su aplicación en circunstancias bajo las cuales en realidad nunca se habría aplicado.

      Su abogada Louise Whitfield expresó que “mi clienta está muy decepcionada con este resultado y el hecho de que más mujeres deban ser víctimas de violencia sexual severa antes de que se pueda establecer que la política de la universidad es ilegal, discrimina a la mujer y crea un entorno hostil en el que se espera que estas alumnas estudien sin ningún tipo de compensación por parte de quienes las agredieron. Ya hemos sido contactadas por otras mujeres estudiantes cuyas experiencias han sido similares a las de la señorita Ramey y están considerando la posibilidad de interponer una demanda en vista de los comentarios del juez’’.

      “Las universidades, al dejar en la vereda de ‘investigación innecesaria’ este tipo de denuncias, ejercen un tipo de violencia institucional que re-victimiza a quienes la sufren. Es necesario que las políticas internas de estas instituciones se encuentren a la altura para acoger a las víctimas de delitos sexuales -desde acosos hasta violaciones-, amparándolas, y por lo tanto, no fomentando la distinción de delitos y personas, de primera y segunda categoría” señaló María José Guerrero, Coordinadora del Área de Estudios de OCAC Chile.

      Fotografía: Deighton Pierce Glynn/PA