Hace un par de días el medio informativo ”The Guardian” dio a conocer la historia de Elizabeth Ramey, una antigua estudiante de la Universidad Oxford que denunció a la universidad por negarse a realizar una investigación por violación y agresión sexual.

Ramey, llevó a tribunales a la Universidad de Oxford demandado que era ilegal el enfoque de la universidad de negarse a realizar una investigación en estos casos, luego de informar de una presunta agresión en 2011, por lo que hubo una investigación policial. Sin embargo, no hubo un enjuiciamiento posterior debido a problemas relacionados con la evidencia. 

Lamentablemente Ramey no logró cambiar las políticas de la Universidad debido a que la corte le negó el permiso para interponer un recurso judicial contra las políticas que según ella permiten que la casa de estudios evada la investigación de este tipo de acusaciones.

El juez Edis indicó que Ramey, quien actualmente vive y trabaja en Estados Unidos, no había estado sujeta a las nuevas políticas y no había resultado ‘‘perjudicada por su aplicación’’, dictaminando que ‘’en consecuencia, carece de posición para interponer esta demanda’’. También añadió que le parecía ‘‘inapropiado’’ que a la demandante se le otorgara el permiso de interponer un recurso judicial para cuestionar no los términos de las políticas en sí, sino que su aplicación en circunstancias bajo las cuales en realidad nunca se habría aplicado.

Su abogada Louise Whitfield expresó que “mi clienta está muy decepcionada con este resultado y el hecho de que más mujeres deban ser víctimas de violencia sexual severa antes de que se pueda establecer que la política de la universidad es ilegal, discrimina a la mujer y crea un entorno hostil en el que se espera que estas alumnas estudien sin ningún tipo de compensación por parte de quienes las agredieron. Ya hemos sido contactadas por otras mujeres estudiantes cuyas experiencias han sido similares a las de la señorita Ramey y están considerando la posibilidad de interponer una demanda en vista de los comentarios del juez’’.

“Las universidades, al dejar en la vereda de ‘investigación innecesaria’ este tipo de denuncias, ejercen un tipo de violencia institucional que re-victimiza a quienes la sufren. Es necesario que las políticas internas de estas instituciones se encuentren a la altura para acoger a las víctimas de delitos sexuales -desde acosos hasta violaciones-, amparándolas, y por lo tanto, no fomentando la distinción de delitos y personas, de primera y segunda categoría” señaló María José Guerrero, Coordinadora del Área de Estudios de OCAC Chile.

Fotografía: Deighton Pierce Glynn/PA