A pocos días de promulgada la ley que sanciona el acoso callejero en espacios públicos, proyecto impulsado por OCAC, nuestras plataformas se han llenado de testimonios de mujeres que dicen haber acudido a comisarías donde funcionarios se han negado a tomar sus denuncias.
Francisca fue víctima de acoso callejero esta semana. Sintiéndose aún violentada, fue a Carabineros para saber qué podía hacer en contra de su victimario. “¿Cuál es el nombre de la persona?”, fue lo primero que le preguntaron. Por supuesto que Francisca no tenía ese dato, ¿quién le pide el nombre a su acosador? Por más que explicó todo lo que había pasado, él Carabinero que la recibió le dijo que como no tenía ese dato ni testigos o videos o fotos, no había nada que pudiera hacer.
Marcela iba camino a su casa, cuando un auto conducido por un hombre la empezó a perseguir. Él le pedía que se acercara, pero ella caminó más rápido para alejarse. Sin embargo, el hombre se las arregló para encontrarla de frente: estaba fuera del auto, con sus pantalones abajo y mostrándole su pene. Cuando Marcela fue a la comisaría a hacer la denuncia por acoso callejero, entregó la patente del auto. Sin embargo, al fijarse en lo que había escrito la Carabinera que recibió la denuncia, se dio cuenta que había escrito cualquier cosa menos los datos que ella había proporcionado. A pesar de su reclamo, y que la acompañaban sus padres, la Carabinera sólo le preguntó cómo andaba vestida.
Estos testimonios son solo una muestra de lo que las mujeres en distintas partes del país están sufriendo: no solo son víctimas de acoso sexual callejero, sino que además, quienes se suponen debieran entregarles seguridad, las vuelven a vulnerar al negarles el ejercicio de sus derechos.
Pero estos casos no son aislados ni se limitan al acoso callejero: hace algunos días leíamos sobre una mujer que denunció a su marido por violencia intrafamiliar en la vigésima comisaría de Puente Alto. El oficial de Carabineros M. Zuñiga se negó a tomar su denuncia, ofreciendo en cambio consejos familiares para lo cual no estaba en lo absoluto calificado.
Es gravísimo que diversos funcionarios de una institución del tamaño e importancia de Carabineros de Chile no estén cumpliendo CON SU TRABAJO, porque aquí no se está pidiendo nada extraordinario. Tal como indicábamos en esta nota, no es responsabilidad del funcionario o funcionaria decidir si un evento constituye delito o no, su responsabilidad está en recabar todos los antecedentes para así iniciar una denuncia.
La situación no solo es delicada por cuanto las fuerzas del orden estarían incumpliendo sus responsabilidades, sino también porque una persona que ha sido agredida merece que se le escuche, se le reconforte y se le garantice un debido proceso. Negarle a una víctima un procedimiento legal adecuado puede llegar a afectar su salud mental y generar traumas.
Es imperativo que las autoridades inviertan en capacitación y sensibilización para que sus agentes sean capaces de tomar denuncias y atender a las víctimas como corresponde. De poco sirve hacer tantos esfuerzos para impulsar una política pública si el personal de primer contacto incumple sus deberes. Para esto necesitamos trabajo conjunto por parte de los ministerios, la fiscalía y las fuerzas del orden.
Pero, ¿qué hacer si un oficial se niega a tomar mi denuncia?
Existen varias opciones. La más inmediata es pedir hablar con el superior jerárquico e incluso registrar el número de placa del carabinero para luego denunciarlo en la Fiscalía Militar.
Otra opción es acudir a PDI o fiscalía, sin embargo las reglas son las mismas: ni Carabineros ni PDI son quienes determinan si un hecho es delito o no, su rol se limita a recibir y tomar denuncias para luego enviarla a Fiscalía, quienes deciden si la denuncia reviste carácter de delito. Para asegurarte, puedes exigir una copia de la denuncia.
Recuerda que denunciar es tu derecho y las policías tienen el deber de tomarla con respeto y resguardando tu integridad. Cuando los funcionarios y funcionarias de la seguridad incumplen sus deberes y vulneran a las víctimas, las leyes quedan en meras declaraciones de buenas intenciones. Lo que las mujeres y niñas de Chile necesitan son hechos, no palabras.
