El Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC Chile) participó en la entrega de los resultados de la primera encuesta sobre Acoso Sexual en la Universidad que realizó la Coordinadora de Género y Sexualidad (CEGESEX) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), junto al Centro de Prevención y Atención Reparatoria a Mujeres Sobrevivientes de Violencia Sexual de Valparaíso (CVS).
La encuesta se aplicó en 2015 en la Facultad de Filosofía y Educación de dicha Universidad y tuvo por objeto visibilizar las prácticas de violencia sexual dentro del ámbito universitario actual, como también conocer lo que los y las estudiantes de la facultad saben acerca de este tipo de violencia.
En la presentación de la encuesta partició la Directora del Área de Estudios de OCAC Chile, María José Guerrero, quien sostuvo que “urge crear un protocolo que dé cuenta de estos fenómenos porque lamentablemente, las universidades regulan el acoso entre funcionarios o académicos a través de normativas laborales, pero no cuando ocurre entre estudiantes”.
Cabe destacar que la encuesta arrojó que de 451 alumnos y alumnas encuestados de la Facultad de Filosofía y Educación de la PUCV, más del 10% sufrió violencia sexual en contextos universitarios. El 75% de éstos ocurrió entre estudiantes de la facultad, donde las mujeres fueron las principales víctimas.
En cuanto a los casos de acoso en diversas universidades del país, Guerrero dijo que “ha sido una bomba de tiempo que empezó a explotar de a poco. Lamentablemente, nosotras somos pares hasta que nos atraviesa el género. Somos mujeres con posibilidad de ser víctimas y nuestros compañeros, hombres con posibilidad de ser victimarios. No podemos seguir haciendo la vista gorda”, afirmó.
Camila Bustamante, socióloga experta en acoso sexual en espacios universitarios y parte de OCAC Chile, comenta que “es un fenómeno que ocurre, probablemente, desde que las mujeres ingresaron a estos espacios educativos. Sin embargo, solo en el último tiempo se ha visibilizado como un problema real, debido a que las víctimas, cansadas de la incapacidad de las instituciones de hacerse cargo y sancionar a los acosadores, han hecho públicas sus denuncias”.
Como plantea Guerrero, uno de los grandes problemas es que las normativas de acoso sexual se circunscriben a los espacios laborales, por lo que sólo abordan los vínculos entre trabajadores/as y de trabajadores/as a estudiantes. Sin embargo, el acoso sexual entre estudiantes de una misma casa de estudios queda absolutamente desregulado.
En ese sentido, Bustamante afirma que “es necesario contar con leyes que se basen en una concepción amplia de violencia de género que, además de la violencia intrafamiliar y el femicidio, contemplen otros fenómenos como el acoso sexual en espacios educativos y públicos, la violencia obstétrica y el sexismo en los medios”.